Sucesos 19/02/2010
Juicio en apelación en Francia al presidente de la cámara agrícola vasca
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La Fiscalía reclama ahora al tribunal, que dictará sentencia el próximo 6 de mayo, 2.000 euros de multa y la prohibición de la asociación, en comparación con los 15.000 euros de multa y un año de prisión a los que podía ser condenado Berhocoirigoin.



El fiscal entiende que la confirmación de la absolución pronunciada en marzo de 2009 por el Tribunal Correccional de Bayona genera jurisprudencia y amenaza con que se produzca "la creación de otras cámaras de agricultura" en Francia.



Hizo además alusión a la posible reivindicación de un departamento del País Vasco en Francia, si se crease una cámara de agricultura específica.



La antigua ministra de Ecología y abogada Corinne Lepage, que defendía al presidente de la asociación, denunció una "instrumentalización de la Justicia".



"Lo que el Estado quiere hacer es prohibir una asociación perfectamente pacífica y constructiva en favor de algo que no existe", declaró.



La letrada agregó que lo que supone un problema en el caso es la palabra "vasca" y no cámara de agricultura, aludiendo a uno de los cuatro testigos presentados por la defensa, el antiguo vicepresidente del Parlamento Europeo Gérard Onesta.



Éste recordó que la asociación -creada por iniciativa del sindicato Syndicat Euskal Laborarien Batasuna- "pone la no violencia en el seno de sus acciones".



Más de un millar de personas se reunieron hoy ante el Palacio de Justicia de Pau para reclamar la absolución de la asociación, cuyo nombre está protegido como institución francesa.



El Tribunal Correccional de Bayona absolvió a la asociación el 26 de marzo de 2009, tras la denuncia interpuesta por el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Pirineos Atlánticos.



Numerosas personalidades han mostrado su apoyo a la absolución del presidente desde la creación de la asociación en 2005, cuyos objetivos pasan por ayudar al desarrollo agrícola y defender un modelo de agricultura campesina y sostenible.



Entre esas personalidades está Stéphane Hessel, corredactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, así como la juez Eva Joly o Danielle Mitterrand, viuda del fallecido ex jefe de Estado de Francia François Mitterrand.



Junto a ellos, apoyan a la asociación la secretaria general del Partido Socialista (PS) de Francia, Martine Aubry, y más de un millar de cargos electos del País Vasco.

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