La Comisión Europea ha lanzado este jueves un ultimátum a España para que deje de negarse a expedir la tarjeta sanitaria europea a ciudadanos extranjeros de la UE que no ejerzan ningún tipo de actividad económica ni sean pensionistas, pero que tengan derecho a asistencia sanitaria por residir en las comunidades autónomas de Andalucía y Valencia.

Dado que la legislación española permite a estas personas el acceso a los sistemas públicos de asistencia sanitaria de Andalucía y Valencia, por ser "personas aseguradas" según la normativa de la UE sobre coordinación de la seguridad social, deben poder beneficiarse de las prestaciones a las que da derecho la tarjeta sanitaria europea, según Bruselas.

El Ejecutivo comunitario denuncia que España no reconoce que los ciudadanos en cuestión son "personas aseguradas", por lo que se niega a expedirles la tarjeta sanitaria europea. Ello supone que les hace responsables, en principio, del coste de la asistencia sanitaria recibida durante su estancia en otro estado miembro.

Según la normativa de la Unión sobre coordinación de la seguridad social, "persona asegurada" es quien reúne las condiciones requeridas por la legislación del Estado miembro competente, de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza para tener derecho a las prestaciones de la seguridad social.

A tenor de dicha normativa, las personas aseguradas tienen el derecho a recibir la asistencia sanitaria que precisen durante su estancia en otro estado miembro. La tarjeta sanitaria es el documento acreditativo de tal derecho.

El emplazamiento adopta la forma de dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. España dispone ahora de dos meses para notificar a la Comisión las disposiciones adoptadas para dar cumplimiento a las normas de la UE. Si no lo hace, la Comisión podrá llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.